El octogésimo tercer aniversario de su fundación encuentra a la histórica Asociación Nacional de Periodistas del Perú -ANP- empoderada en un espacio propio, donde convergen los valores y principios de un gremialismo participativo, amplio, plural y unitario, donde no hay espacio ni tiempo para descansos o fatigas cuando se trata de defender el derecho del pueblo a la información y cautelar los derechos de los periodistas a una vida acorde con la dignidad de la persona humana.
Su extensa y fecunda trayectoria sigue el itinerario señalado por quienes la hicieron realidad el 21 de julio de 1928, ajena a toda frivolidad engendrada por éxitos efímeros y preocupada, más bien, por la grave deshumanización de lo social y degradación de lo humano por culpa de un modelo político cupular, duopólico y excluyente, incapaz de interpretar el descontento ciudadano y sus verdaderas causas y carente de mecanismos de efectiva participación democrática en la solución de los problemas que afectan, sobre todo, a los pueblos andinos y amazónicos.
En concordancia con lo expresado, la ANP manifiesta su discrepancia con los políticos y medios poderosos, que pretenden torcer la voluntad soberana del pueblo, en el afán de repetir un modelo de gobernabilidad que, hasta la reciente década, sólo ha servido para contraponer lo económico con lo social, pervirtiendo la misma naturaleza de la economía que, como ciencia y como práctica, tiene como objetivo central e irrenunciable a la persona humana y su pleno desarrollo.
Consciente, al mismo tiempo de su responsabilidad institucional, la ANP considera que es tiempo de poner atajo a las prácticas políticas incompatibles con la libertad y la democracia, que promueven la persistencia de una ciudadanía a medias, cautiva y temerosa de perder lo supuestamente ganado, sin derecho a la libertad de palabra y domesticada por el clientelismo y promesas electorales.
En ese propósito ha dirigido una comunicación certificada al presidente electo de la república, ciudadano Ollanta Humala Tasso, que no está ceñida por adhesiones u oposiciones y que tiene, más bien, un propósito informador para que forme parte de la agenda del gobierno a instalarse constitucionalmente el 28 de julio del año en curso:
I. Derechos sociales y económicos de los periodistas:
A partir de 1990, los trabajadores periodistas y en general los trabajadores, sufren las consecuencias de una severa política de ajuste estructural, promovida políticamente para afirmar las bases de un modelo económico sustentado en la primacía del mercado. Los trabajadores han sido los más afectados por la perversidad del proceso, con la consiguiente descalificación de la fuerza de trabajo. Las modificaciones regulatorias han facilitado el incumplimientos de las normas de carácter laboral y el continuo descenso del valor de las remuneraciones, condiciones sociales y niveles de empleo.
II. La información de interés público y el uso del espectro radioeléctrico:
Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación -TIC- permiten integrar al ser humano, cualquiera sea el tiempo o distancia que le separen. También hay avances considerables, en materia de tratados internacionales y legislaciones de diversos rangos normativos en otras latitudes ajenas a la nuestra, que fortalecen los derechos humanos de la información y de la comunicación. Esto no sucede en nuestro país. Al contrario se niega la posibilidad de superar criterios autoritarios o monopólicos. Esto ocurre con la actual Ley de Radio y Televisión y su aplicación en el uso del espectro radioeléctrico. La marginación de sectores trascendentes de la sociedad que deberían de participar con voz propia en el debate y en el desarrollo de una convivencia democrática, es atentatoria a la libertad de prensa. El poder político vigente cuida las espaldas de un poder económico que concentra en forma unipolar el derecho ciudadano a informar y ser informado, con frecuencia desvirtuando la verdad.
III. La despenalización de los delitos de prensa:
Las estadísticas, sobre todo a partir de 1990, señalan con frialdad una constante persecución contra periodistas que investigan y revelan actos de corrupción en la administración pública, criminalidad organizada y tráfico ilícito de drogas, querellándoles por supuestos delitos contra el honor. El objetivo es acallarlos, haciendo uso de normas hoy obsoletas, conforme lo expresan los informes de la Comisión para la Libertad de Prensa y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú discrepa con el silencio del Estado al respecto, más aún cuando existen mecanismos menos gravosos que, con igual eficacia, conllevarían a resarcir el derecho al honor vulnerado y en tanto, también, se concibe en estos tiempos el derecho penal como instrumento de control social que debe estar reservado a actos ilícitos que atentan contra la integridad física y la vida principalmente, así como contra los delitos que atentan contra la seguridad y el patrimonio del Estado o los que atentan contra la salud pública y los denominados de lesa humanidad, como las ejecuciones forzadas entre otros similares. La despenalización de los delitos de prensa significaría el reconocimiento ciudadano al trabajo periodístico que no se limita a informar, toda vez que ahora opina, analiza y critica en todo cuanto es de interés público.
IV. El diálogo social, clave del desarrollo humano:
Lo social es lo humano. Es la clave central en la agenda de toda la problemática política, económica, ética y cultural del nuevo desarrollo. Para ese logro es importante el diálogo y la concertación. No existe otro camino. Lo distinto sería la represión que sólo engendra más violencia y la discriminación que descalifica a los ciudadanos porque carecen de poder económico o poder político. La ANP considera que la ausencia de diálogo y de concertación es la causa de la subsistencia de una mayoría de gente condenada a la pobreza crítica, a la miseria, a la exclusión social, a la degradación más radical de su dignidad. Por eso demanda del nuevo administrador del Estado el diálogo horizontal con todos los sectores de la población, sin marginaciones. Que no se repita lo que ya se ha hecho repudiable costumbre en el sector de la prensa, donde el gobierno cree que su único interlocutor válido es el empresariado adinerado de los medios de comunicación masiva.
En estos cuatro puntos, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú plantea una posición estrictamente gremial y la presenta como expresión solidaria de hombres y mujeres periodistas de todo el país, que le hacen recordar al Señor Presidente Electo y a la propia sociedad civil, que así como es peligroso dejar la guerra sólo en manos de quienes disparan los cañones, también es peligroso que el futuro social y económico del país quede sólo en manos de quienes no tienen otro Dios que el dinero.
Lima, 21 de julio del 2011
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
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